- El gobernador de Morelos dio respuesta puntual al exhorto emitido por la Diputación Permanente de la LI Legislatura del Congreso del Estado
El gobernador de Morelos, Marco Adame Castillo, ratificó su compromiso y convicción de irrestricto respeto y protección a la vida, a la libertad, al patrimonio y en general a los derechos fundamentales de los habitantes, y toda persona que se encuentre en la entidad, así como su disposición para mantener el diálogo permanente con el Congreso del Estado, al responder al exhorto que fue aprobado por la Diputación Permanente de la LI Legislatura el pasado 11 de enero del año en curso.
En el oficio número GSE/0004/2010, que fue entregado este miércoles al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el diputado Othón Sánchez Vela, el gobernador manifiesta su disposición y la de sus colaboradores, para que de manera coordinada con los órdenes de gobierno, y conforme a la normatividad que resulta aplicable, se brinde el apoyo médico, psicológico y asistencial a los ciudadanos que resultaron afectados por los operativos militares realizados en los Fraccionamientos “Limoneros” y “Torres Altitude”, a través de la Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas, de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Marco Adame precisa, que en cuanto al primer punto del exhorto emitido por la Asamblea Legislativa que refiere el Ejecutivo Estatal disponga de un fondo emergente para reparar el daño a las familias afectadas por los citados operativos militares, y asuma la responsabilidad patrimonial de los hechos, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el régimen de responsabilidad patrimonial, está delimitado en el articulo 113 párrafo segundo.
Así mismo en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, por lo que no es a cargo de las autoridades estatales, por no haber sido estas, las que implementaron y ejecutaron tales acciones de Gobierno.
En este sentido, el mandatario estatal agregó, que la Procuraduría General de la República (PGR), cuenta con la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, en la que se proporciona orientación y asesoría jurídica a las víctimas y ofendidos del delito en el orden federal, destacando que en Cuernavaca se encuentra establecido un Centro Regional de Atención a Víctimas dependiente de la PGR, mostrando por ello, su colaboración para que se de el apoyo de las personas a través de esta área, a las que el exhorto se refiere.
En cuanto al fondo emergente para garantizar la seguridad y tranquilidad de los morelenses, recordó que con fecha 11 de agosto del 2008 en su carácter de Gobernador del Estado, propuso la creación de un Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito en el Estado de Morelos, propuesta que fue aprobada por el Congreso del Estado en Sesión Plenaria el 18 de agosto del 2008, como parte de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos.
Sin embargo, se precisa que el apoyo que proporciona ese Fondo económico es de ámbito estatal, y no resulta aplicable en los casos del exhorto que se contesta, pues de acuerdo con lo expuesto, los posibles daños causados, son derivados de la actividad de autoridades federales, existiendo para el efecto, un régimen de responsabilidad patrimonial para ese orden federal.
Finalmente, respecto al segundo punto del exhorto consistente a que “se informe a la sociedad sobre el estado procesal que guardan las investigaciones referentes al homicidio del ex Subprocurador contra la Delincuencia Organizada, Andrés Dimitriadis, y de la detención de los ex Secretario de Seguridad Pública Estatal y Municipal, Luis Ángel Cabeza de Vaca y Francisco Sánchez, se precisa lo siguiente:
Que en el caso del homicidio ex Subprocurador contra la Delincuencia Organizada, las actuaciones de persecución y averiguación de ese delito, fueron atraídas por la PGR, correspondiente a conocer de los procesos jurisdiccionales correspondientes, a los Juzgados y Tribunales del Poder Judicial de la Federación.
Respecto del proceso judicial a que se encuentran sujetos los ex Secretarios de Seguridad Pública Estatal y Municipal de Cuernavaca, se señala que también se deriva de las investigaciones, de la integración de las correspondientes indagatorias y del ejercicio de la acción penal, por parte de la PGR.
Por lo anterior, las autoridades del Estado de Morelos no son parte en esos procesos y procedimientos, por lo que esta autoridad se encuentra en la imposibilidad jurídica y material, de informar del estado procesal y procedimental en que en su caso se encuentran, correspondiéndole a las autoridades federales rendir los informes, y ante ellas se pueden elevar la solicitudes respectivas.
De esta manera, el gobernador Marco Adame solicitó a la LI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, tener por rendida la respuesta al exhorto emitido por la Diputación Permanente.
El gobernador de Morelos, Marco Adame Castillo, ratificó su compromiso y convicción de irrestricto respeto y protección a la vida, a la libertad, al patrimonio y en general a los derechos fundamentales de los habitantes, y toda persona que se encuentre en la entidad, así como su disposición para mantener el diálogo permanente con el Congreso del Estado, al responder al exhorto que fue aprobado por la Diputación Permanente de la LI Legislatura el pasado 11 de enero del año en curso.
En el oficio número GSE/0004/2010, que fue entregado este miércoles al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el diputado Othón Sánchez Vela, el gobernador manifiesta su disposición y la de sus colaboradores, para que de manera coordinada con los órdenes de gobierno, y conforme a la normatividad que resulta aplicable, se brinde el apoyo médico, psicológico y asistencial a los ciudadanos que resultaron afectados por los operativos militares realizados en los Fraccionamientos “Limoneros” y “Torres Altitude”, a través de la Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas, de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Marco Adame precisa, que en cuanto al primer punto del exhorto emitido por la Asamblea Legislativa que refiere el Ejecutivo Estatal disponga de un fondo emergente para reparar el daño a las familias afectadas por los citados operativos militares, y asuma la responsabilidad patrimonial de los hechos, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el régimen de responsabilidad patrimonial, está delimitado en el articulo 113 párrafo segundo.
Así mismo en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, por lo que no es a cargo de las autoridades estatales, por no haber sido estas, las que implementaron y ejecutaron tales acciones de Gobierno.
En este sentido, el mandatario estatal agregó, que la Procuraduría General de la República (PGR), cuenta con la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, en la que se proporciona orientación y asesoría jurídica a las víctimas y ofendidos del delito en el orden federal, destacando que en Cuernavaca se encuentra establecido un Centro Regional de Atención a Víctimas dependiente de la PGR, mostrando por ello, su colaboración para que se de el apoyo de las personas a través de esta área, a las que el exhorto se refiere.
En cuanto al fondo emergente para garantizar la seguridad y tranquilidad de los morelenses, recordó que con fecha 11 de agosto del 2008 en su carácter de Gobernador del Estado, propuso la creación de un Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito en el Estado de Morelos, propuesta que fue aprobada por el Congreso del Estado en Sesión Plenaria el 18 de agosto del 2008, como parte de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos.
Sin embargo, se precisa que el apoyo que proporciona ese Fondo económico es de ámbito estatal, y no resulta aplicable en los casos del exhorto que se contesta, pues de acuerdo con lo expuesto, los posibles daños causados, son derivados de la actividad de autoridades federales, existiendo para el efecto, un régimen de responsabilidad patrimonial para ese orden federal.
Finalmente, respecto al segundo punto del exhorto consistente a que “se informe a la sociedad sobre el estado procesal que guardan las investigaciones referentes al homicidio del ex Subprocurador contra la Delincuencia Organizada, Andrés Dimitriadis, y de la detención de los ex Secretario de Seguridad Pública Estatal y Municipal, Luis Ángel Cabeza de Vaca y Francisco Sánchez, se precisa lo siguiente:
Que en el caso del homicidio ex Subprocurador contra la Delincuencia Organizada, las actuaciones de persecución y averiguación de ese delito, fueron atraídas por la PGR, correspondiente a conocer de los procesos jurisdiccionales correspondientes, a los Juzgados y Tribunales del Poder Judicial de la Federación.
Respecto del proceso judicial a que se encuentran sujetos los ex Secretarios de Seguridad Pública Estatal y Municipal de Cuernavaca, se señala que también se deriva de las investigaciones, de la integración de las correspondientes indagatorias y del ejercicio de la acción penal, por parte de la PGR.
Por lo anterior, las autoridades del Estado de Morelos no son parte en esos procesos y procedimientos, por lo que esta autoridad se encuentra en la imposibilidad jurídica y material, de informar del estado procesal y procedimental en que en su caso se encuentran, correspondiéndole a las autoridades federales rendir los informes, y ante ellas se pueden elevar la solicitudes respectivas.
De esta manera, el gobernador Marco Adame solicitó a la LI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, tener por rendida la respuesta al exhorto emitido por la Diputación Permanente.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario