Durante la sesión ordinaria de este día los diputados aprobaron las reformas para imponer un tope salarial a funcionarios a fin de que ningún empleado o funcionario perciba ingresos igual o mayores al presidente de la República y a su superior jerárquico.
En este sentido, dada la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión se obliga a todo aquel ente público a que ajuste su presupuesto, de tal manera que ningún funcionario público, incluyendo a los de elección popular, perciban una remuneración igual o mayor a la del titular del Ejecutivo Federal o a sus superiores.
Los diputados señalaron que los servidores públicos deben sujetarse a un nuevo esquema que posibilite su regulación salarial y modere sus excesos, y este marco jurídico impone a los poderes públicos el hecho de responder por sus actos y garantizar a todos los ciudadanos una tutela efectiva de sus derechos. Lamentaron los casos que se han conocido de salarios devengados por distintos presidentes municipales que rebasan lo que percibe el presidente de la República.
De este modo los legisladores aprobaron el decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y del Código Penal, con el objeto de establecer la legalidad de un tope salarial para los funcionarios.
En estas reformas se establecen las reglas que se deberán seguir en las dependencias de los tres órdenes de Gobierno a fin de que en sus presupuestos incluyan los tabuladores con un tope salarial, a fin de que ningún empleado o funcionario perciba ingresos igual o mayores al presidente de la República y a su superior jerárquico.
Y se consideran también las sanciones a quien falte a estos ordenamientos a quienes se les impondrán de uno a ocho años de prisión, multa de treinta a trescientos días-multa y destitución e inhabilitación de uno a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión, según la falta.
Durante esta misma sesión los diputados aprobaron hacer un exhorto respetuoso a Pedro Luis Benítez Vélez, procurador General de Justicia del estado con la finalidad de que las averiguaciones previas que se siguen a servidores públicos de los Ayuntamientos de Cuautla, Tlayacapan y Tlalnepantla continúen integrándose y una vez reunidos los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, sean debidamente consignadas ante el juez penal competente, ejercitándose acción penal correspondiente en contra de los probables responsables ex servidores.
El diputado Luis Miguel Ramírez Romero, presentó al pleno el punto de acuerdo a fin de que se termine con los rezagos en materia de procuración de justicia, para lo cual se llevó a cabo una investigación para conocer los desfalcos que se han realizado a lo largo de tres periodos municipales en varios ayuntamientos, y de los que existen denuncias penales contra varios ex servidores públicos que con dolo, tomaron dinero e hicieron transferencias a cuentas personales.
Entre los funcionarios se encuentran ex presidentes municipales como Agustín Sánchez Ortíz de Tlayacapan, Arturo Damián Cruz Mendoza (Cuautla), y José Luis González Barrera (Tlalnepantla); por lo que los legisladores consideraron urgente ejecutar el ejercicio de acción penal en contra de los ex servidores públicos por los delitos que resulten en agravio de sus Ayuntamientos.
Por otra parte, la diputada Hortencia Figueroa Peralta sometió al pleno el punto de acuerdo por el que la LI Legislatura de Morelos, exhorta de manera respetuosa al Congreso de la Unión a fin de que en el ejercicio de sus facultades, realice una revisión minuciosa del indebido cobro del impuesto sobre la renta a los pensionados y jubilados del país, y reforme la Ley del Impuesto sobre la Renta para eliminar el pago de impuesto por ingresos derivados de pensiones y jubilaciones u otras percepciones de seguridad social.
Figueroa Peralta dijo que la obligación primaria del Estado con relación a sus gobernados debe ser la de apoyar su condición social y económica mediante medidas justas y equitativas ello por supuesto, señaló, si es que el gobierno no quiere seguir deteriorando la situación de una sociedad cansada de los abusos que se empeñan en agraviar a los que menos tienen.
La legisladora dijo que la situación hacendaria de este país no se va a corregir gravándoles o descontándoles impuestos a los jubilados, antes de eso, el Estado tiene que eficientar su gasto, reducir el gasto superfluo, acabar con la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda para la aplicación y para el cobro de impuestos, y acabar con los privilegios del alto aparato burocrático.
Los puntos fueron aprobados por unanimidad por el pleno del Congreso. Cabe señalar que la sesión de este día fue declarada en receso hasta el día miércoles 24 de febrero para continuar y terminar con los asuntos en cartera.
En este sentido, dada la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión se obliga a todo aquel ente público a que ajuste su presupuesto, de tal manera que ningún funcionario público, incluyendo a los de elección popular, perciban una remuneración igual o mayor a la del titular del Ejecutivo Federal o a sus superiores.
Los diputados señalaron que los servidores públicos deben sujetarse a un nuevo esquema que posibilite su regulación salarial y modere sus excesos, y este marco jurídico impone a los poderes públicos el hecho de responder por sus actos y garantizar a todos los ciudadanos una tutela efectiva de sus derechos. Lamentaron los casos que se han conocido de salarios devengados por distintos presidentes municipales que rebasan lo que percibe el presidente de la República.
De este modo los legisladores aprobaron el decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y del Código Penal, con el objeto de establecer la legalidad de un tope salarial para los funcionarios.
En estas reformas se establecen las reglas que se deberán seguir en las dependencias de los tres órdenes de Gobierno a fin de que en sus presupuestos incluyan los tabuladores con un tope salarial, a fin de que ningún empleado o funcionario perciba ingresos igual o mayores al presidente de la República y a su superior jerárquico.
Y se consideran también las sanciones a quien falte a estos ordenamientos a quienes se les impondrán de uno a ocho años de prisión, multa de treinta a trescientos días-multa y destitución e inhabilitación de uno a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión, según la falta.
Durante esta misma sesión los diputados aprobaron hacer un exhorto respetuoso a Pedro Luis Benítez Vélez, procurador General de Justicia del estado con la finalidad de que las averiguaciones previas que se siguen a servidores públicos de los Ayuntamientos de Cuautla, Tlayacapan y Tlalnepantla continúen integrándose y una vez reunidos los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, sean debidamente consignadas ante el juez penal competente, ejercitándose acción penal correspondiente en contra de los probables responsables ex servidores.
El diputado Luis Miguel Ramírez Romero, presentó al pleno el punto de acuerdo a fin de que se termine con los rezagos en materia de procuración de justicia, para lo cual se llevó a cabo una investigación para conocer los desfalcos que se han realizado a lo largo de tres periodos municipales en varios ayuntamientos, y de los que existen denuncias penales contra varios ex servidores públicos que con dolo, tomaron dinero e hicieron transferencias a cuentas personales.
Entre los funcionarios se encuentran ex presidentes municipales como Agustín Sánchez Ortíz de Tlayacapan, Arturo Damián Cruz Mendoza (Cuautla), y José Luis González Barrera (Tlalnepantla); por lo que los legisladores consideraron urgente ejecutar el ejercicio de acción penal en contra de los ex servidores públicos por los delitos que resulten en agravio de sus Ayuntamientos.
Por otra parte, la diputada Hortencia Figueroa Peralta sometió al pleno el punto de acuerdo por el que la LI Legislatura de Morelos, exhorta de manera respetuosa al Congreso de la Unión a fin de que en el ejercicio de sus facultades, realice una revisión minuciosa del indebido cobro del impuesto sobre la renta a los pensionados y jubilados del país, y reforme la Ley del Impuesto sobre la Renta para eliminar el pago de impuesto por ingresos derivados de pensiones y jubilaciones u otras percepciones de seguridad social.
Figueroa Peralta dijo que la obligación primaria del Estado con relación a sus gobernados debe ser la de apoyar su condición social y económica mediante medidas justas y equitativas ello por supuesto, señaló, si es que el gobierno no quiere seguir deteriorando la situación de una sociedad cansada de los abusos que se empeñan en agraviar a los que menos tienen.
La legisladora dijo que la situación hacendaria de este país no se va a corregir gravándoles o descontándoles impuestos a los jubilados, antes de eso, el Estado tiene que eficientar su gasto, reducir el gasto superfluo, acabar con la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda para la aplicación y para el cobro de impuestos, y acabar con los privilegios del alto aparato burocrático.
Los puntos fueron aprobados por unanimidad por el pleno del Congreso. Cabe señalar que la sesión de este día fue declarada en receso hasta el día miércoles 24 de febrero para continuar y terminar con los asuntos en cartera.
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