El delegado en Morelos de la Confederación Nacional de
Industriales de Metales y Recicladores (Conimer), Gabriel Tello, advirtió que
esta semana las más de 40 mil familias que dependen de la pepena, recolección y
valorización de reciclables, con el apoyo de sus afiliados en 26 estados del
país, saldrán a las calles e incluso analizan la posibilidad de un bloqueo
carretero en la entidad, como medida de presión para evitar que el Congreso del
Estado, apruebe la iniciativa del gobernador Graco Ramírez para monopolizar la
industria de los reciclados mediante una concesión por 20 años con la empresa
Cruz Azul.
Luego que de que es prácticamente un hecho que el Congreso del Estado convoque a la realización de un periodo extraordinario de sesiones, en el que -entre otros temas- se pretende votar la iniciativa de Graco Ramírez para concesionar el negocio del destino final de la basura a la empresa Cruz Azul, la Conimer advirtió que hará sentir su músculo social para impedir lo que a todas luces es un intento por arrebatarles el negocio con el que subsisten.
Dijo que a lo largo de varios meses, fueron engañados por el gobierno del Estado al invitarlos a participar en unas mesas de trabajo que a la postre solo fueron una estrategia para dilatar las evidentes acciones de protesta que sabían se iban a generar y que a últimas fechas, son presionados, perseguidos y hostigados por la policía, inspectores municipales y funcionarios estatales que pretenden sancionarlos por operar sin una regularización que -al mismo tiempo- es prácticamente imposible y de costos inalcanzables para las familias que sobreviven del negocio.
Luego que de que es prácticamente un hecho que el Congreso del Estado convoque a la realización de un periodo extraordinario de sesiones, en el que -entre otros temas- se pretende votar la iniciativa de Graco Ramírez para concesionar el negocio del destino final de la basura a la empresa Cruz Azul, la Conimer advirtió que hará sentir su músculo social para impedir lo que a todas luces es un intento por arrebatarles el negocio con el que subsisten.
Dijo que a lo largo de varios meses, fueron engañados por el gobierno del Estado al invitarlos a participar en unas mesas de trabajo que a la postre solo fueron una estrategia para dilatar las evidentes acciones de protesta que sabían se iban a generar y que a últimas fechas, son presionados, perseguidos y hostigados por la policía, inspectores municipales y funcionarios estatales que pretenden sancionarlos por operar sin una regularización que -al mismo tiempo- es prácticamente imposible y de costos inalcanzables para las familias que sobreviven del negocio.
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