La pasividad, irresponsabilidad, mala fe y desinterés mostrado por las anteriores administraciones municipales para atender laudos y juicios mercantiles, entre otros, provocó que en la actualidad el Ayuntamiento de Cuernavaca requiera de poco más de 50 millones de pesos para enfrentar los pagos por dichos conceptos, dinero de los contribuyentes que desafortunadamente dejará de aplicarse en obras y servicios públicos, sentenció el Síndico Municipal, Humberto Paladino Valdovinos.
“En días pasados nos reunimos 27 Síndicos Municipales de los 33 Ayuntamientos de Morelos y se acordó solicitar al gobierno del estado y al Congreso local, un Fondo de Contingencia para el pago de los adeudos laborales. Es un Fondo que vendría a salvar a las Tesorerías municipales, porque no existe dinero que alcance para cubrir adeudos de esta magnitud”, dijo.
A su vez el Consejero Jurídico de la comuna, Alfredo de la Torre y Martínez, precisó que la irresponsabilidad de la anterior administración en Cuernavaca, le ha costado hasta el momento más de 10.1 millones de pesos en laudos, cifra que se hubiera reducido sólo a 850 mil pesos de haberse cubierto en tiempo y forma.
Situación similar ocurrió con juicios mercantiles que le costaron al actual gobierno municipal 1.2 millones de pesos cuando el pago debió haber sido por 60 mil pesos.
En su intervención, el síndico municipal apuntó que existen laudos, esto es por juicios laborales que datan de 2003, que fueron descuidados, mal atendidos y perversamente heredados a la actual administración, para que se gastara y no se invirtiera en bienestar social, en infraestructura y otros. “Es triste ver que se está quintuplicando lo que debió haberse pagado como fueron 850 mil pesos que ahora se convirtieron en 10 millones 113 mil pesos”, aseveró.
Indicó que la Consejería Jurídica negoció pagar un millón 300 mil pesos de compromisos que le hubieran costado a la comuna 60 mil pesos.
En su oportunidad, el consejero jurídico hizo mención que en algunos casos las cifras a pagar mediante los laudos heredados por las anteriores administraciones, se multiplican hasta por diez veces, como son de 29 mil 52 pesos a 425 mil; de 112 mil 636 a un millón 300 mil; de 21 mil a 250 mil pesos y así sucesivamente.
“En estas acciones la administración pública no es dueña del dinero, el dinero es de los contribuyentes y cuando las autoridades, por razones políticas, o por causar un daño a la siguiente administración alarga un procedimiento, se hace a costa de los servicios y obras que deja de recibir la población”, acusó.
Explicó que en los laudos que se encuentran ya firmes y que no existen posibilidades de reducir los pagos, se registra un monto total por 2 millones 659 mil pesos, “laudos que se pudieron haber arreglado con la décima parte de lo que ahora representan”.
En materia laboral significó que suman más de 23 juicios aún pendientes, cuya suma asciende a 15.2 millones de pesos, a lo que habría que sumar los juicios en materia mercantil, en contratos incumplidos, en materia administrativa.
“Tenemos instrucciones precisas del presidente municipal, Manuel Martínez Garrigós, y del Cabildo de manejar con oportunidad los asuntos laborales. No queremos dejar herencias y como se observa en siete años los gobiernos municipales no pudieron resolver un asunto laboral por falta de voluntad y por mala fe”, concluyó.
“En días pasados nos reunimos 27 Síndicos Municipales de los 33 Ayuntamientos de Morelos y se acordó solicitar al gobierno del estado y al Congreso local, un Fondo de Contingencia para el pago de los adeudos laborales. Es un Fondo que vendría a salvar a las Tesorerías municipales, porque no existe dinero que alcance para cubrir adeudos de esta magnitud”, dijo.
A su vez el Consejero Jurídico de la comuna, Alfredo de la Torre y Martínez, precisó que la irresponsabilidad de la anterior administración en Cuernavaca, le ha costado hasta el momento más de 10.1 millones de pesos en laudos, cifra que se hubiera reducido sólo a 850 mil pesos de haberse cubierto en tiempo y forma.
Situación similar ocurrió con juicios mercantiles que le costaron al actual gobierno municipal 1.2 millones de pesos cuando el pago debió haber sido por 60 mil pesos.
En su intervención, el síndico municipal apuntó que existen laudos, esto es por juicios laborales que datan de 2003, que fueron descuidados, mal atendidos y perversamente heredados a la actual administración, para que se gastara y no se invirtiera en bienestar social, en infraestructura y otros. “Es triste ver que se está quintuplicando lo que debió haberse pagado como fueron 850 mil pesos que ahora se convirtieron en 10 millones 113 mil pesos”, aseveró.
Indicó que la Consejería Jurídica negoció pagar un millón 300 mil pesos de compromisos que le hubieran costado a la comuna 60 mil pesos.
En su oportunidad, el consejero jurídico hizo mención que en algunos casos las cifras a pagar mediante los laudos heredados por las anteriores administraciones, se multiplican hasta por diez veces, como son de 29 mil 52 pesos a 425 mil; de 112 mil 636 a un millón 300 mil; de 21 mil a 250 mil pesos y así sucesivamente.
“En estas acciones la administración pública no es dueña del dinero, el dinero es de los contribuyentes y cuando las autoridades, por razones políticas, o por causar un daño a la siguiente administración alarga un procedimiento, se hace a costa de los servicios y obras que deja de recibir la población”, acusó.
Explicó que en los laudos que se encuentran ya firmes y que no existen posibilidades de reducir los pagos, se registra un monto total por 2 millones 659 mil pesos, “laudos que se pudieron haber arreglado con la décima parte de lo que ahora representan”.
En materia laboral significó que suman más de 23 juicios aún pendientes, cuya suma asciende a 15.2 millones de pesos, a lo que habría que sumar los juicios en materia mercantil, en contratos incumplidos, en materia administrativa.
“Tenemos instrucciones precisas del presidente municipal, Manuel Martínez Garrigós, y del Cabildo de manejar con oportunidad los asuntos laborales. No queremos dejar herencias y como se observa en siete años los gobiernos municipales no pudieron resolver un asunto laboral por falta de voluntad y por mala fe”, concluyó.
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