José Herrera Chávez, secretario
ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Morelos, sostuvo que para
cumplir con las expectativas de garantizar la seguridad pública en Morelos y el
país “La solución no está sino en el entendimiento y el razonamiento”; además
de fortalecer la cultura de la denuncia anónima.
Así lo expresó al encabezar la
conferencia “Seguridad Pública y Derechos Humanos” en el auditorio “Ricardo
Guerra” del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de
Morelos (CIDHEM), junto con el secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Morelos (CDHM), César Hidalgo Valverde.
Herrera Chávez señaló que el país
tiene dos grandes enemigos: La ignorancia y la corrupción. Dijo que estas dos
vertientes provocan que las personas con baja autoestima y un bajo nivel de
compromiso con sus comunidades sean envueltas por la delincuencia con mayor
facilidad.
A lo anterior, manifestó acompañado
del director del CIDHEM, Jesús Martínez Araiza, se suma la falta de confianza
en los cuerpos de policía, que en el estado de Morelos están en proceso de una
depuración por medio de los exámenes de control y confianza, acción emprendida
por el Gobernador para contar con policías mejores preparados.
Ante la falta de denuncia ciudadana,
José Herrera expresó en esta conferencia dada a académicos y cursantes del
CIDHEM, que “La sociedad tiene que reaccionar” y no perder la capacidad de
asombro y razonamiento, por lo que invitó a fortalecer la cultura de la
denuncia ciudadana ante autoridades, así como la denuncia anónima.
En esta conferencia abordó el tema del
Plan Morelos Seguro, puesto en marcha de manera coordinada entre los gobiernos
federal y estatal. Insistió en que “La seguridad debe ser apolítica y no tener
colores partidistas”, por lo que Morelos Seguro es una estrategia donde
participan todas las autoridades.
Por su parte, el secretario ejecutivo
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), César Hidalgo
Valverde, realizó una semblanza de cómo surge la institución encargada de
vigilar que las instituciones y toda sociedad respeten los derechos
fundamentales de las personas.
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