EN MORELOS
“La Ley Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas de Morelos no debería ser federal, sino una ley marco que
genere coordinación y distribuya una serie de competencias entre autoridades
municipales, locales, federales y los órganos autónomos que participen”,
consideró Raymundo Espinoza Hernández, asesor jurídico, en la audiencia de
medios de comunicación en el capítulo México del Tribunal Permanente de los
Pueblos (TPP).
En este sentido, manifestó que la mencionada ley “no puede
surgir de forma espontánea”, sino nacer de “un proceso participativo,
transparente e incluyente en la forma más amplia posible”, para que tenga
legitimidad jurídica y social.
El también politólogo y consultor en temas de derechos humanos y
protesta social manifestó: “se han impulsado tanto la Ley Federal de Protección
a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y algunas leyes a nivel local en
los estados, así como mecanismos de protección para proteger el ejercicio
periodístico, el activismo y la libertad de expresión, el derecho a la
información”, debido a que los ya existentes, como la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y las comisiones estatales, se han visto rebasados en esta
defensa, por lo que en el país “existe la necesidad de que se desarrollen
distintos mecanismos y medios que garanticen la seguridad, la vida la
integridad y el desarrollo de los periodistas y los defensores de derechos
humanos”.
Espinoza Hernández citó el caso de Morelos, “donde existe un
mecanismo de protección que hoy es un decreto, por eso es necesario que exista
el interés por parte de las autoridades del Poder Legislativo y Ejecutivo de
impulsar una ley en la materia, pero ésta debe cumplir con el principio de
transparencia, pues ésta no puede aparecer de un momento para otro y de forma
espontánea”.
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